La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se sumó a la presión para que el Senado sancione la ley que suspende las quiebras de las empresas en crisis, aprobada en Diputados hace un mes y cajoneada por resistencia del oficialismo.

Como explicó LPO, el motivo son las sospechas de sus referentes sobre un beneficio de empresas acusadas de estafar al Estado y cercanas a Mauricio Macri como Correo Argentino S.A., propiedad de su empresa familiar; o la cerealera Vicentin, con un proceso en marcha con el Banco Nación como principal acreedor. 

La ley fue aprobada casi el mismo día en que también se envió al Senado la moratoria fiscal y no hizo diferencia entre empresarios grandes y chicos. Sólo excluyó a las compañías que dejaron de operar. 

"Se puede acotar y que sólo abarque a las pymes: el 10% de las 60 mil están en riesgo de cerrar y entrar en concurso o de quebrar. Nosotros tenemos empresarios de cualquier afinidad política, pero necesitamos que los senadores aprueben la ley para seguir dando el 70% del empleo del país", sostuvo ante LPO Pedro Cascales, secretario de prensa CAME. 

Aprueban una ley para suspender las quiebras de las empresas hasta el 31 de marzo

Según supo LPO, en el bloque que conduce José Mayans evalúan sancionarla como llegó del Senado con el compromiso de Alberto Fernández para corregirla en la reglamentación. No es una novedad: la ampliación presupuestaria tuvo el veto de dos artículos que beneficiaban a empresas energéticas y no agradaban a los oficialistas de la Cámara alta. 

Al reclamo de CAME se sumó al reclamo la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), que representa a 65 cámaras empresariales y centros comerciales adheridos en toda la provincia. "Es una sorpresa enorme para todos los empresarios pymes ver que este proyecto no en la agenda de la cámara de senadores". 

El macrismo se sumó a la presión. El jefe del PRO en Diputados Cristian Ritondo reclamó la ley en la fallida sesión que renovaba el protocolo de sesiones remotas. Y el ex diputado Eduardo Amadeo, presidente de la escuela de dirigentes, también salió a pedir su sanción.

"Hace 45 días se aprobó en Diputados y CFK no lo quiere tratar. Esto demuestra el "compromiso" K con el empleo y las Pymes. Impunidad, si; empleo no", tuiteó quien en 2002 aprobó una ley parecida. Ese partido proponía que además de salvar a las empresas golpeadas por la cuarentena se les facilite créditos, pero no pasó el filtro de los diputados.

El proyecto para protegerlos, de sólo 6 artículos, suspende hasta el 31 de marzo "el cómputo de plazos procesales" de las quiebras y obliga al juez del concurso a fijar un nuevo cronograma, mientras que en los juicios iniciados el deudor podrá esperar 180 días más para hacer una propuesta y si no le es suficiente demorar 60 días más.

Durante el plazo de la emergencia tampoco se podrá ejecutar "cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras", incluidas las de "fiadores, avalistas, codeudores y otros obligados respecto a las obligaciones de los sujetos concursados comprendidos en la emergencia". 

Y se suspenden las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen. Se prorrogan por un año las obligaciones asumidas por los deudores desde la fecha de vencimiento prevista y se aplaza por el mismo plazo los acuerdos concursales "judiciales o extrajudiciales" que hayan sido homologados. Además, no podrán exigirse cuotas impagas hasta el 31 de marzo.

Tampoco será posible solicitar las quiebras, a excepción de que se hayan dictado medidas precautorias; ni embargar cuentas bancarias, a no ser que sea para pagar créditos laborales o cuotas alimentarias, un reclamo del mendocino Ramón.